"El derecho a decidir"
CONGRESO MUNDIAL DE SALUD
MENTAL
Abordajes inclusivos en Salud
Mental
Clinica, comunidad y
derechos.
Titulo: El derecho a
decidir
Autora:
Lic. Ma. Silvia Buratti
(msburatti@hotmail.com)
“El Derecho
presupone la desesperanza ante lo humano.
Cuando los hombres llegan a
desconfiar mutuamente de su propia humanidad procuran
interponer entre sí algo premeditadamente
inhumano : LA LEY”
(Ortega y Gasset)
Introducción
Nuevas categorías de sujetxs: usuarixs, sujetxs
de derecho, personas con capacidad de engendrar, personas con capacidad
restringida o con capacidades diferentes, etc. tienen acceso a “nuevos”
derechos, reconocidos por unxs y desconocidxs por otrxs.
Este trabajo surge a
partir de la pregunta que seguramente muchxs de ustedes se han hecho y nos
hacemos ¿De qué manera y sobre qué aspectos de la salud pública han impactado
los nuevos marcos regulatorios? ¿Qué acciones o actitudes se siguen perpetuando
sin mediar reflexión o cuestionamiento alguno? En particular nos interesa abrir
la reflexión en torno a ¿Qué cuestiones se han logrado modificar en los últimos
años y en particular a partir de este “estado de derechos ampliado” ? ¿Qué
lugar ocupan los derechos (no) reproductivos supuestamente adquiridos en el
marco de las actuales políticas públicas? ¿A través de qué tipo de estrategias
de atención se instrumentan dichas políticas? ¿Los recursos humanos
disponibles, dispositivos, suministros y hasta la atención en salud es la misma
en todo el territorio nacional?
Este trabajo es la
continuación de trabajos anteriores que han tenido por objeto visibilizar la
vulneración de los derechos no reproductivos de las mujeres en las
instituciones de salud de nuestra ciudad y dar a conocer algunas de las
acciones que realizamos desde el Sector Adultos del Servicio de Salud Mental
del Establecimiento Asistencial “Gdor. Centeno” en General Pico, provincia de
La Pampa.
Poncio Pilatos…si no se cumple, no te las ato.
En palabras de Liliana
Mizrahi, hasta hace poco tiempo atrás y… “durante mucho tiempo, un enfoque político del
cuerpo y el gobierno de las poblaciones predominó regulando las formas de
acceso de las mujeres al procedimiento de anticoncepción quirúrgica o ligadura tubaria”.[1]. La solicitud de esta
práctica médica, tornaba al cuerpo femenino, objeto de deliberaciones jurídicas
tendientes a evaluar los motivos personales, socio-económicos, familiares,
psicológicos y las causas médicas y/o indicaciones terapéuticas que justificaban
el pedido, transformando el derecho a decidir de la mujer sobre de su
propio cuerpo en una verdadera carrera de obstáculos y por qué no campo de
batallas y disputas médico-legales.
En la provincia de La Pampa el marco regulatorio vigente es
la Ley provincial 2079 que versa sobre El
ejercicio de las actividades de la salud (2003). Aún luego de la sanción de
la Ley N° 26.130 en el año 2006 que
establece el Régimen para las
intervenciones de Contracepción Quirúrgica, nada había cambiado. Pese a ser
un conocimiento bastante difundido y consensuado la aplicación de marcos
regulatorios y lesgislaciones que garanticen el mayor alcance de derechos y que
los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes de alcance
nacional tienen preeminencia por sobre las legislaciones o reglamentaciones
provinciales, la decisión política y su instrumentación continuaban siendo una
promesa o ni eso.
También es necesario reconocer que sin mediar la voluntad
de aplicación efectiva a través de quienes tengan a su cargo la realización de
las prácticas o la pugna de algunos
sectores, la mera existencia de estas normas se transforman en letra muerta, mientras tanto las
cosas se siguen haciendo como siempre se han hecho.
Aquí, las cosas no siempre se han hecho así.
Desde hace algunos
años y con algunas intermitencias, objeciones de conciencia mediante, se realizaban
en el Sector Adultos del Servicio de Salud Mental entrevistas psicológicas a
las mujeres solicitantes de ligadura tubaria. Las derivaciones provenían de los
profesionales del Servicio de Ginecología del mismo hospital y en menor medida
de profesionales del ámbito privado.
Hasta 2016 y desde el
año 2011 se habían realizado en promedio unas 150 entrevistas psicológicas al
año a mujeres entre 18 y 49 años consultantes por ligadura tubaria.
Y digo hasta 2016,
porque a partir de allí, quienes teníamos a cargo las entrevistas psicológicas
por encargo, entendimos y fue necesario hacer entender (a los 9 profesionales
del Servicio de Tocoginecologia) que la legislación vigente (citada
anteriormente) posibilitaba entre otras cosas que la simple solicitud de
ligadura tubaria y el respectivo consentimiento informado, (común a cualquier
otra cirugía) era suficiente para que la práctica se llevara a cabo. Afortunadamente nos fue posible
reconocer que nuestra propia practica reproducía mecanismos institucionales
negligentes, obstaculizando la accesibilidad y el pleno ejercicio de los derechos (no) reproductivos de las mujeres
colaborando en el sometimiento de la decisión sobre el propio
cuerpo a sucesivas valoraciones disciplinarias (médica, psicológica, y social).
Advertidas de esta contradicción comenzamos a pensar las maneras de desarmar el
circuito perverso sostenido en el discurso
y en las prácticas médicas hegemónicas tendientes a regular la sexualidad y la
contracepción femenina amparadas en legislaciones provinciales vetustas y creadoras
de mecanismos para la concesión de derechos hace
tiempo adquiridos. Fue así como decidimos sustraer
nuestra participación en ese nefasto
circuito institucional y negarnos a continuar con la adhesión a
normativas basadas en criterios de atención
que no compartíamos. Simultáneamente (a este quite de colaboración) presentamos
dos proyectos de trabajo interdisciplinario entre Servicio Social, Ginecología
y Salud Mental, orientadas hacia la salud integral de las mujeres, proyectos
acerca de los cuales aún no hemos tenido respuesta.
No obstante, somos
concientes que resulta insuficiente dar un paso al costado, es necesario
reafirmar día a día con acciones concretas los derechos ganados y la efectiva
implementación de políticas públicas que
conciban a los derechos no reproductivos en el marco de amplitud de los
derechos humanos.
Del Sindrome del lavado de manos a la conciencia objetora
La objeción de conciencia es el derecho a no ser
obligado a realizar acciones que contradigan convicciones éticas o religiosas
del individuo. [2]
(que emana de los art.14 y 19 de la Constitución Nacional)
A partir de la década del 90 los debates y las regulaciones
acerca de la objeción de conciencia cobraron importancia en un ámbito en el que
estaban en juego derechos fundamentales: el de las leyes y reglamentaciones
nacionales y provinciales sobre salud sexual y reproductiva.
En lo que concierne a los derechos (no) reproductivos, ya que si estamos hablando de la
anticoncepción quirúrgica y del aborto se trata de la no reproducción, la objeción de conciencia es la forma jurídica que
adoptan los prejuicios, las propias creencias, los mandatos y las convenciones sociales que anulan la capacidad
de reflexión y una clara des-responsabilidad en la defensa de los derechos de
las mujeres.
En su vertiente de adoctrinamiento “la objeción de conciencia enferma la percepción de la realidad,
distorsiona, confunde, condena el
pensamiento crítico, condiciona y crea condicionamientos. El dogma
nos piensa.”[3]-dira Mizrahi. Cada uno conoce sus límites y sus
limitaciones pero como trabajadores de la salud mental en el ámbito público
consideramos que es necesario cuestionar el tipo de políticas públicas que se
permiten cuando la objeción de conciencia es la respuesta de un colectivo a la
demanda real y concreta de un sector de la población. Nos estamos refiriendo en
este caso, a la vulneración de derechos respecto de las Interrupciones
voluntarias del Embarazo. ILE
Hasta el año pasado
lxs 9 profesionales del Servicio
de Ginecología y Obstetricia del establecimiento asistencial, nivel VI, el
segundo referente de la salud pública en la provincia, los mismos que obligaban
a las mujeres a transitar los pasillos de un servicio de salud mental cuando
les decían que querían realizarse una ligadura tubaria por temor “a no que estuvieran del todo cuerdas”
habían presentado objeción de conciencia (en forma conjunta) al protocolo provincial
para la Atencion Integral de las Personas con Derecho a la Interrupcion Legal
del Embarazo (julio de 2018).
En ese contexto la primera pregunta que surge es ¿Se trata
del ejercicio de un derecho personalísimo o de desobediencia civil en tanto
ocupan el lugar de efectores del sistema público de salud?. Los autores
consultados son claros al respecto “la
conducta de los objetores está motivada por el deseo manifiesto de desbaratar
políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva de la población.”[4]. Desde nuestro
sector apostamos a la visibilización de esta grave problemática, buscando el
apoyo de otras agrupaciones, sectores y personas individuales comprometidas en
la lucha por los derechos de las mujeres para lograr cambiar esta realidad que
se nos imponía.
El
derecho a decidir.
En Argentina, la década que va de 1994 al 2004 se ha
caracterizado por la construcción política de la demanda en torno de los
derechos reproductivos y sexuales en una espiral ascendente de conflicto que va
desde la salud reproductiva hacia al
aborto, tema que provoca las mayores controversias en todas las sociedades.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito iniciada en el 2005 involucra a un importante número de
organizaciones civiles que asumen el compromiso con la integralidad de los
derechos humanos. Desde el año 2007 la Campaña ha elaborado un Proyecto de Ley
sobre la interrupción voluntaria del embarazo que se viene presentando en la
Cámara de Diputados de la Nación logrando formalizar el debate en octubre de
2018.
Nuestra provincia fue pionera en la promulgación de leyes
de salud sexual y reproductiva, con un antecedente de aprobación por la Cámara
de Diputados de un protocolo para atención de abortos no punibles en noviembre
de 2007 y vetado al año siguiente (diciembre de 2008) por el gobernador de
turno.
En el caso puntual de nuestra ciudad, desde el 2013 luego
de un lamentable derrotero por servicios y pasillos, la realización de estudios
“de rutina” para eventuales intervenciones
y el correspondiente informe psicológico y social, hoy causal salud integral donde
se acreditaban satisfactoriamente de acuerdo al protocolo las causales, el
traslado a la mujer al nosocomio de la capital provincial para dar cumplimiento
efectivo a la práctica (entrega de
mizoprostol) que se debia garantizar en el cómodo plazo (para los otros) de 10
días, etc no impidió que las consultas seguieran existiendo y que las practicas
se siguieran realizando.
El acceso a los derechos no reproductivos, constituye un
derecho civil básico: la libertad de disponer del propio cuerpo y no sólo un
derecho social: el acceso a servicios de salud ginecológica. En octubre de 2018
la incorporación de un ginecólogo no objetor, accesible y disponible, con quien
poder trabajar interdisciplinariamente permitió que la incansable rueda cesara
El Estado argentino es femicida
mientras siga impidiendo el acceso al aborto como un derecho de las mujeres. Es
feminicida en el sentido que lo explica,
Marcela Lagarde, cuando se nos
niega la posibilidad de la salud, de la vida, cuando se atenta contra las
mujeres por ser mujeres y se impide y se nos discrimina, se nos violenta y se
nos mata por ser mujeres (Zulema Palma, medica, feminista, declaraciones a
la revista Marcha, julio 2016).
Si la política es un medio de transformar
relaciones sociales desiguales e injustas deberíamos poder analizar estos
procesos de des‐politización, en las
que el Estado no es garante de derechos.
Politizar la sexualidad, los deseos de no
reproduccción y las interrupciones de embarazos no deseados vuelven
visibles los conflictos y moviliza
pasiones.
La des‐politización
y la des‐sexualización
objetivan la sexualidad y otras prácticas sociales vuelven a las prácticas
sociales impersonales, desencarnadas de modo consistente con la legitimidad
racional‐burocrática de las
políticas de salud y los sujetos de derechos quedamos abandonados en algún
cajón ministerial.
Diana Maffia dice que “explicitar es una
forma de generar conciencia.”[5] Entonces, queremos ser mas explicitas.
Las resistencias del Patriarcado
El patriarcado en tanto sistema de adjudicación o privación
de espacios materiales y simbólicos ha ejercido un estricto y severo control de
la sexualidad femenina . Por ende “Si
la mujer sustrae
su cuerpo, el ejercicio de su sexualidad y
sus maternidades al control de los varones patriarcales de su
grupo, el poder masculino sobre las mujeres y sobre el cuerpo femenino fecundo
se debilita.” [6]
En otras palabras, el reclamo por los derechos sexuales y
(no) reproductivos y el derecho a la interrupción legal del embarazo hace
centro en uno de los puntos nodales del patriarcado la subordinación de las
mujeres y su heteronomía en relación con el control de sus cuerpos,
sexualidades y eventos ligados con la reproducción. (Cobo, 1995)
A modo de
incertidumbre
- La accesibilidad a las prácticas (ILE y Ligadura) se encuentran
“garantizadas” en la institución. Sobretodo desde la incorporación en
octubre de 2018 de un ginecólogo no objetor, disponible y accesible al
servicio de Tocogineco. Lo que facilita y permite un trabajo
interdisciplinario.
- Sin embargo, el sistema de
salud público no no ha incorporado nuevos efectores no objeteros en los
centros de salud que faciliten el acceso a la práctica.
- En
todxs y cada uno de ellos siguen existiendo barreras ideológicas que
obstaculizan el acceso. La falta de celeridad y de
transparencia activa continua siendo el mayor obstáculo en lxs
profesionales objetores.
- En el sistema de registro estadístico de la institución la practica adquiere
visibilidad (Z64.0)
Bibliografia
ALEGRE, M. (2009) “Objeción de
conciencia y salud sexual y reproductiva.” N°10. Publicado en
www. despenalización.org.ar
BASAGLIA,
F. (1983) “Mujer, locura y sociedad” Universidad Autonoma .Puebla. Mexico.
BREILN,
J. (1999) “ La Inequidad y la perspectiva de los sin poder: construcción social
y del gènero”.
BROWN,
J. L. “El aborto como bisagra entre los derechos reproductivos y los
sexuales” en Todo sexo es político.
MAFFIA,
D. “Genero, Sexualidades y Subjetividades”
MIZRAHI, L. (2011). “Mujeres libres y
crímenes sociales. La penalización del aborto y la aceptación del abuso.”
PECHENEY,
M. (2009) “Todo sexo es político”. Edit. El Zorzal
SINGER, P. (1985) “Democracia y desobediencia”. Edit. Ariel.
Barcelona.
[1] Mizrahi, L. (2011) “Mujeres libres y crímenes sociales. La
penalización del aborto y la aceptación del abuso.”
[2] Singer, P. (1985) “Democracia y
desobediencia”. Edit. Ariel. Barcelona.
[3] Mizrahi, L. (2011) Op.cit.
[4] Alegre, M. (2009) “Objeción de conciencia y salud sexual y
reproductiva.” N°10. Publicado en
www. despenalización.org.ar
[5] Maffia, D. “Genero, sexualidades y subjetividades”.
[6] MIZRAHI, L. Op.cit
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